Desde el CERMI recuerdan que uno de los aspectos que sin duda más rechazo ha suscitado en estos años de despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha sido el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como «copago», «que ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema, por lo gravoso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica».

 

«Esta desacertada y más que injusta regulación ha de ser corregida de inmediato y así lo avala la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus familias, además del criterio de los profesionales de los servicios sociales y de las personas expertas y analistas que ha fijado su posición en una multiplicidad de estudios e informes sobre la Ley 39/2006 desde su aprobación y a la vista de los desarrollos que ha ido teniendo en estos años de vigencia», añaden desde el comité.

 

Con el fin, pues, de «reorientar» y «fortalecer» este dispositivo de protección social, «dotándolo de mayor equidad y apertura, y contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de desarrollo», resulta «urgente e imprescindible» modificar la Ley 39/2006 para «establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada», añaden.

 

 

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